Capella tiene cuentas pendientes con la ASF

La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) halló irregularidades en la aplicación que hicieron algunos municipios municipios de Baja California con los recursos del Subsemun en 2013, entre los que está involucrado el actual comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra cuando fungió como secretario de seguridad en el municipio de Tijuana.

En el 2013, Tijuana recibió más de 95 millones de pesos como parte del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), cuyos recursos debieron ser empleados en equipamiento y capacitación de las policías municipales, el mejoramiento de infraestructura de las corporaciones y hasta el desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. En ese entonces, Capella Ibarra cumplió su cuarto año como secretario de seguridad pública en Tijuana.

De acuerdo a la verificación de los recursos del Subsemun, realizada por la ASF, se emitieron 18 observaciones por irregularidades en la aplicación del recurso en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, las cuales fueron reportadas y entregadas en su informe anual a la Cámara de Diputados.

En uno de los casos, la SSPM contrató servicios de consultoría en temas de violencia infantil con un prestador que tiene un giro de servicios inmobiliarios. Además, adquirió bienes y servicios mediante adjudicación directa por 70 millones 121 mil 700 pesos, monto superior al establecido en la normativa para no ser concursado. De esta cantidad, 31 millones 926 mil 500 pesos debieron adjudicarse por medio de licitación pública y 32 millones 117 mil 400 pesos por invitación a cuando menos tres proveedores.

Sobresale la adquisición e instalación de un gimnasio urbano por 2 millones 863 mil 800 pesos que, de acuerdo al informe de la ASF, “no presenta argumentos para su justificación”. Y no solo eso, la SSMP pagó al proveedor una cifra superior a los ofrecidos por proveedor nacional y uno de Estados Unidos.

Este gimnasio, el cual ni siquiera se construyó, estaba proyectado –de acuerdo al contrato– en un terreno propiedad de la Comisión Nacional del Agua, del cual “el municipio carece del contrato de arrendamiento correspondiente”.

La auditoría señala también que se incumplió este contrato de adquisición e instalación del gimnasio urbano, pero no se aplicó la pena de 286 mil 400 pesos al proveedor por no cumplir con los términos pactados.

Incluso, en verificaciones físicas realizadas por personal de la Auditoría, “no fue localizado un equipo por 2 millones 331 mil pesos en el sitio donde se debía instalar ni en el almacén”, se detalla en la recomendación 13-C-02000-02-0555-01-016.

De la misma forma, “el municipio adquirió equipo de cómputo por 243 mil 600 pesos, que a la fecha de la auditoría no estaba en operación”. Además, fue localizado un equipo adquirido con recursos del fondo se encontraba en un almacén que no es propiedad del municipio”.

Como conclusiones de la auditoría, se señalaron un “inadecuado control de las actividades que realizan las áreas”, la “inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles” y se giraron once promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias a funcionarios.

Por ello el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al municipio el pliego de observaciones para su solvencia en los términos de la ley.

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